El sindicato alerta del impacto de la supresión de las ayudas a las familias y reclama el papel que el Diálogo Social debería haber tenido en unas medidas económicas con efectos en las relaciones laborales.
El Gobierno de España ha aprobado en el Consejo de Ministros de ayer, junto a la revalorización de las pensiones y la prórroga del SMI, mantener a la mayor parte de las medidas tomadas en 2022 para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. Sin embargo, UGT observa algunos cambios importantes, como la recuperación paulatina del IVA de la electricidad, el impuesto sobre la producción eléctrica y el impuesto especial de la electricidad (el IVA del gas recuperará los valores normales a partir de marzo). Por otro lado, en lo que se refiere a este sector, se mantiene el bono social para los consumidores más vulnerables.
En general, se mantiene algunas de las medidas de mayor impacto en la renta de los trabajadores, como el IVA sobre alimentos básicos, las ayudas al trasporte público, el bono social para que los hogares vulnerables puedan mantener su consumo de energía, agua o gas, la protección anti-desahucio, las ayudas y beneficios fiscales a los autónomos y la protección a los trabajadores mediante la prohibición de despedir por incremento de costes energéticos o por causas relacionadas con la invasión de Ucrania hasta el 30 de junio de 2024.
Se mantiene el impuesto a la banca y a las eléctricas, ante sus extraordinarios beneficios derivados de la crisis (y no porque estos sectores se han hecho más eficientes), algo que UGT considera acertado. Sin embargo, como se apunta por el Ejecutivo, para el sindicato el Gobierno debería convertir esa medida en permanente, y, además, extenderlo a otros sectores (como las grandes superficies distribuidoras de alimentos) que se están aprovechando de su situación de poder dominante de mercado para incrementar precios y beneficios empresariales. El Real Decreto también contiene una limitación de las comisiones que cobran los bancos ya sea en cuanto a disposición de efectivo de colectivos vulnerables, ya sea en cuanto a cancelación de hipotecas.
UGT entiende que el Ejecutivo no puede obviar que la supresión paulatina de estas medidas de ayuda a las familias y a los trabajadores y trabajadoras de renta media supone un nuevo shock negativo de renta a las personas trabajadoras, una vez que implica ampliar la transferencia de renta neta hacia los empresarios, por lo que la eliminación completa de estas medidas debe venir acompañadas de medidas compensatorias en forma de mayor progresividad en la política fiscal, el fortalecimiento de las políticas de empleo y rentas salariales y el mayor protagonismo a los interlocutores sociales en las decisiones de políticas económicas, ya que las medidas que se publican hoy en el BOE no han sido tratadas en ámbito del dialogo social.
El sindicato reclama que nuestro país no se sume, de ninguna manera, a la austeridad fiscal, pues la política monetaria de tipos de interés elevados del Banco Central Europeo ha sido ineficiente para controlar la inflación a lo largo de estos dos últimos años, arrojando todo el peso de esta sobre la renta de los trabajadores.
UGT quiere destacar que las medidas efectuadas no han gozado de una consulta previa con los sindicatos por lo que no ha habido ningún tipo de negociación sobre las mismas. El Gobierno debe reconocer y fomentar el papel de los interlocutores sociales tanto en el diseño como en la puesta en marcha de todas aquellas medidas de política económica que tengan efectos sobre las relaciones laborales, máxime teniendo en cuenta los excelentes resultados que el diálogo social ha brindado a nuestro país.
Sólo los operadores recogidos en el art. 7 de la Constitución, entre ellos UGT, son capaces de garantizar el empleo y la renta a los trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente en periodos disruptivos como el que estamos viviendo. Por ello, el Ejecutivo debería fortalecer el papel de los sindicatos y de la negociación colectiva, ampliando el margen para que se pueda participar más activamente en todas aquellas instituciones públicas de regulación y de diseño de políticas económicas relacionadas tanto con las transiciones gemelas, como con las políticas sectorial, fiscal y monetaria, no sólo a nivel nacional, sino también europeo.
