Propone que, una vez finalizada la Declaración de Estado de Alarma, se analice la situación actual de los territorios beneficiarios de los fondos para que se revisen y actualicen los criterios para aproximarlos a la realidad de los trabajadores agrarios

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT ha participado hoy en una reunión con representantes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al objeto de conocer el reparto de los fondos AEPSA (Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios) para el año 2020 destinados a las Comunidades Autónomas de Andalucía y a las Zonas Rurales Deprimidas, entre las cuales se encuentran Extremadura,  Canarias, Castilla la Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana Murcia y al Plan Especial de Aragón. En la reunión, la Federación ha valorado positivamente los fondos, que tienen por finalidad complementar rentas de los trabajadores y trabajadoras del sector agrario, fundamentalmente.

Durante el año 2020, y debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, los territorios afectados van a percibir los mismos fondos que en el año 2019, es decir 236.053.930 euros, un cifra que, a UGT FICA, considera debería haberse incrementado para mejorar su eficacia entre los trabajadores agrarios más desfavorecidos.

Para el secretario sectorial Agrario y de Manipulado Hortofrutícola de UGT FICA, Emlio Terrón "el aumento de estos fondos es esencial para complementar la renta de las trabajadoras y trabajadores agrarios de las comunidades a las que van dirigidos", ya que "son quienes están soportando el desempleo estructural en el que se encuentra el sector", al igual que "son esenciales para complementar las rentas de los trabajadores y trabajadoras, y contribuyen al asentamiento de la población del medio rural, además de crear la infraestructura básica en zonas afectadas que, de otra forma, no se podría realizar sólo con los presupuestos municipales", ha concluido.

Por otro lado, UGT FICA ha solicitado a los representantes de SEPE la creaación urgente de una mesa de trabajo para cuando finalice la actual situación de estado de alarma para analizar en profundidad la realidad de los territorios rurales y abordar, desde la negociación y el consenso, la revisión y actualización de los criterios de acuerdo. Hay que recordar que el AEPSA entró en vigor en 1997, y que desde entonces la realidad de las poblaciones rurales españolas ha ido cambiando y requiere de una urgente actualización